Las nuevas condiciones laborales que entraron en vigencia entre el 2025 y este 2026 que comienza, constituyen un escenario de alto riesgo para varios sectores de la producción, y en este caso que trataré, para el sector gastronómico. Cada restaurante y cada bar de la capital, es parte esencial de un engranaje productivo que permite la subsistencia de miles de personas, es un generador masivo de empleo formal y un motor dinamizador de la vida urbana, el turismo y la economía de servicios.
Este sector que genera miles de empleos formales, ya no aguanta más. Para los empresarios gastronómicos la situación no mejora sino que empeora, ya no resisten más impuestos y nuevas medidas. El alza del 23% al salario mínimo, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 pm, la reducción progresiva de la jornada laboral semanal, el aumento escalonado de los recargos dominicales y festivos, el alza de los insumos (aproximadamente un 10%), la inflación del sector por encima del promedio nacional, el aumento del IVA del 5% al 19% para las bebidas alcohólicas, el alza en los arriendos, los servicios públicos y el transporte, entre otras causas, que pueden llevar al sector, a tener un año muy difícil pero muy difícil…
Ya se han cerrado miles de establecimientos gastronómicos durante los últimos años. Los costos laborales y administrativos pueden llevar a la ruina a un establecimiento. No en vano, hay ejemplos tan conocidos, como el de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, que tuvo 60 puntos de venta y empleó hasta 700 personas en sus mejores épocas, y que entró en proceso de liquidación en el 2025, pues no pudo con las obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos de administración que debía atender.
Para este 2026, se prevé una grave crisis en la operación, en la práctica si hay mayores costos de operación, se reducen considerablemente los márgenes de rentabilidad. Muchos establecimientos empezaron el año trasladando parte de los costos a las cartas (menús), pero corren el riesgo de que los clientes salgan en busca de alternativas más económicas. Así mismo, con el aumento de los costos laborales se afectará el empleo formal, muchos negocios ya optaron por una reducción en la nómina, reducción de horarios, eliminación de turnos nocturnos, cierres los domingos, lo que podría conllevar a una mayor carga de trabajo para los empleados y el riesgo de afectar el empleo formal, el servicio y la operación como tal.
La realidad es que en la práctica, con las medidas descritas, contratar personal será cada vez más costoso, en un sector abundante en mano de obra, con márgenes reducidos y picos de operación en horarios nocturnos, fines de semana y festivos. Y esta es una problemática que afecta tanto a las pequeñas cafeterías de barrio como a los grandes grupos del sector gastronómico.
Ya he tenido oportunidad de hablar con varios empresarios gastronómicos que me han manifestado su preocupación, y me han confirmado los efectos que les describo. Y hablando a carta abierta, muchos de ellos tienen la esperanza de que el decreto que eleva un 23% el salario mínimo pueda ser anulado, que las demandas de nulidad que han presentado prosperen y que prevalezca más la rigurosidad técnica que se debe tener en cuenta para el alza del salario mínimo, y no el concepto aplicado por el Gobierno, de un salario vital de la OIT que desconoce la realidad económica de un país como Colombia, sin tener en cuenta de manera rigurosa, las variables técnicas. En mi opinión, este aumento es totalmente desproporcionado, rompe las metas de inflación, y podría tener unas consecuencias nefastas para el empleo formal.
Sin embargo, aunque el Consejo de Estado anule el decreto, podría ser ya tarde para muchos establecimientos, porque lo que pagarán por nómina y seguridad social, en este mes de enero, y en los meses siguientes -antes de que llegue un alivio-, podrían subir considerablemente los costos laborales, y en consecuencia, muchos de ellos no llegarían con su personal y/negocios a salvo, al segundo semestre del año (hay que tener en cuenta que lo que se pagará, no tendría carácter retroactivo). Y como siempre, las más perjudicadas serán las micro y pequeñas empresas, pues no es sólo los 2 millones de pesos lo que se le pagará a cada trabajador de salario mínimo, sino casi 3 millones, si tenemos en cuenta los aportes y las prestaciones sociales.
Obvio que estoy a favor de mejorar las condiciones salariales de los empleados, pero sin afectar la competitividad y productividad de un sector que contribuye ampliamente al recaudo, a generar empleo formal, a disminuir las brechas de empleabilidad en jóvenes y mujeres, a dinamizar la actividad económica diurna y nocturna y a promover el turismo capitalino.
Bogotá y el país entero están ante una encrucijada, o se buscan medidas de compensación y alivio para el sector gastronómico, o se dará paso a un proceso de informalización que afectará a todos. Me uno al llamado que ACODRES Bogotá Región y ACOGA ha hecho al Gobierno Nacional y Distrital para que encuentren medidas de alivio que puedan contribuir a disminuir la mortalidad laboral, a proteger los empleos formales y a rebajar las cargas tributarias. Hay propuestas como la reducción del impuesto al consumo que actualmente es del 8%, y que a mi modo de ver, también podría ser una solución para equilibrar cargas tributarias y mejorar la rentabilidad. También valdría la pena revisar el impuesto a las terrazas y crear un régimen de alivio transitorio, especialmente para las mipymes, por ejemplo, descuentos focalizados para quienes tengan sus empleados formalizados con estabilidad laboral y contraten jóvenes y primer empleo. En el Distrito, la Secretaría de Desarrollo Económico también podría implementar una política específica de educación y acompañamiento a las empresas gastronómicas para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones laborales procurando mantener la productividad, y apoyándose en el SENA, las universidades, la CCB y los gremios.
TODOS QUEREMOS QUE LOS TRABAJADORES GANEN MÁS, PERO SIN QUE LOS RESTAURANTES Y LOS BARES DESAPAREZCAN DE LOS BARRIOS.